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Un Mundo Sostenible

Compra Pública Sostenible en España

mayo 24, 2025
Indice

Definiendo la Compra Pública Sostenible en España

Compra pública sostenible EN ESPAÑA

La Administración Pública española representa uno de los agentes de consumo más significativos del país, invirtiendo miles de millones de euros anualmente en obras, productos y servicios.

Esta magnitud económica convierte al sector público en un ente clave y poderoso con capacidad de influir decisivamente en el mercado y transformar los patrones de consumo hacia modelos más responsables.

La Compra Pública Sostenible (CPS) se define como la integración de aspectos sociales, éticos y ambientales en los procesos de contratación pública, abarcando tres dimensiones fundamentales: la compra ética, la compra verde y la compra social.

Esta aproximación integral busca utilizar la influencia del sector público para fomentar un consumo más responsable, sirviendo de ejemplo y catalizador para ciudadanos y empresas.

En el contexto español, la CPS adquiere especial relevancia al alinearse con las tendencias nacionales e internacionales hacia la sostenibilidad, constituyendo una herramienta estratégica para alcanzar los compromisos adquiridos en materia de desarrollo sostenible.

El Carácter Estratégico de la Compra Pública Sostenible

La CPS trasciende la mera satisfacción de necesidades públicas para convertirse en una inversión estratégica orientada a transformar el modelo económico hacia uno más resiliente, consciente y sostenible.

Esta visión estratégica reconoce el potencial de la contratación pública como instrumento para alcanzar objetivos de política pública más amplios.

La alineación de la CPS con marcos estratégicos clave refuerza su importancia. La Estrategia Europa 2020 establece como objetivos el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, mientras que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proporcionan un marco global de referencia. Especialmente relevante es el ODS 12.7, que promueve específicamente las prácticas de adquisición pública sostenible.

El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 en España busca precisamente alinear la compra pública con los ODS, reconociendo que la sostenibilidad no es solo una opción ética, sino una necesidad estratégica para construir un futuro próspero y equitativo.

La CPS contribuye significativamente a una Administración Pública más eficaz, promoviendo el uso eficiente de recursos y fondos públicos.

La selección del contratista debe basarse en la oferta económicamente más ventajosa, considerando la relación calidad-precio en una perspectiva amplia que incluya criterios de sostenibilidad, superando la tradicional priorización exclusiva del precio.

Además, la CPS ejerce un efecto tractor sobre el tejido empresarial, influyendo en el mercado y la cadena de suministro, e impulsando a las empresas hacia prácticas más sostenibles para poder competir en las licitaciones públicas.

Marco Legal y Metodología para Implementar la CPS en España

El marco normativo español para la CPS se fundamenta en la transposición de la normativa europea, específicamente la Directiva 2014/24/UE, a través de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Este marco legal proporciona las herramientas necesarias para integrar criterios de sostenibilidad respetando los principios fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la UE: libre circulación, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.

La metodología de implementación permite incorporar criterios de sostenibilidad en todas las fases del procedimiento de contratación:

Determinación del objeto del contrato: Es posible incorporar cuestiones sociales o ambientales desde la definición misma del contrato, como servicios de reprografía a través de procesos de inserción laboral o suministro de café de comercio justo.

Especificaciones técnicas: Permiten fijar características objetivas relacionadas con aspectos sociales y ambientales, considerando cualquier fase del ciclo de vida del producto, desde la extracción de materias primas hasta su eliminación.

Criterios de adjudicación: Los aspectos sociales, ambientales y de innovación pueden constituir criterios que premien la sostenibilidad y la innovación en la valoración de ofertas.

Condiciones de ejecución: Incorporan requisitos relacionados con el desempeño social, ético y ambiental durante la ejecución del contrato, incluyendo el respeto al medio ambiente, derechos humanos, pago justo y actividades de sensibilización. Estas cláusulas son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.

La implementación requiere justificación adecuada en el expediente y la indicación de la naturaleza social o ambiental del contrato en el anuncio de licitación, garantizando transparencia y seguridad jurídica.

Criterios de Sostenibilidad Específicos en la Contratación Pública Española

La diversidad de criterios de sostenibilidad aplicables en la contratación pública española permite adaptar las licitaciones a objetivos específicos de desarrollo sostenible:

Criterios Sociales y Laborales

Los criterios sociales buscan promover la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Incluyen la inserción laboral de colectivos desfavorecidos como jóvenes desempleados, parados de larga duración y personas con discapacidad.

También abarcan la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la accesibilidad universal, el fomento de empresas de inserción y centros especiales de empleo, y la participación de PYMEs y empresas de economía social.

Estos criterios contribuyen directamente al ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y al ODS 10 (Reducción de las desigualdades), demostrando cómo la CPS puede servir como instrumento para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo.

Criterios Ambientales

Los criterios ambientales se orientan hacia la minimización del impacto medioambiental y la promoción de la economía circular. Incluyen la reducción del impacto ambiental del producto o servicio, el uso de papel reciclado y blanqueado sin cloro, la eficiencia en el uso de recursos como agua y energía, la gestión adecuada de residuos y el fomento de la Estrategia Española de Economía Circular.

Estos criterios se alinean estrechamente con el ODS 12 (Producción y consumo responsables), el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), contribuyendo a la transición hacia una economía más sostenible ambientalmente.

Criterios Éticos

Los criterios éticos promueven el respeto a los derechos humanos y las prácticas comerciales responsables. Incluyen la prevención de la explotación infantil, el respeto a convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la promoción del comercio justo, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Estos criterios apoyan el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y contribuyen transversalmente a múltiples objetivos de desarrollo sostenible al promover prácticas empresariales responsables.

Retos y Oportunidades en la Implementación de la CPS

La implementación efectiva de la CPS en España enfrenta diversos desafíos que requieren atención específica.

Entre los principales retos se encuentran las dificultades de los gestores públicos para incluir criterios sociales y ambientales por temor a posibles anulaciones administrativas o judiciales, la complejidad para vincular adecuadamente aspectos sociales al objeto del contrato sin distorsionar la competencia, y la necesidad constante de garantizar seguridad jurídica y control en los procesos.

Sin embargo, estos retos coexisten con significativas oportunidades. La mayor profesionalización de los compradores públicos está permitiendo el desarrollo de competencias técnicas especializadas y habilidades transversales como comunicación, negociación, empatía y gestión de proyectos y riesgos.

El fomento del diálogo con proveedores emerge como una práctica especialmente valiosa para evaluar necesidades reales y conocer las opciones sostenibles disponibles en el mercado.

La Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026 plantea como objetivo específico promover la participación de las PYMEs en la contratación pública, sugiriendo medidas como la división de contratos y el beneficio a empresas locales a través de los denominados “contratos km 0”, lo que contribuye al desarrollo económico local y la reducción de la huella de carbono asociada al transporte.

Recursos y Ejemplos de Buenas Prácticas en España

España cuenta con un ecosistema robusto de recursos y herramientas para facilitar la implementación de la CPS. Destacan guías especializadas como la Guía de la Contratación Pública Sostenible de IDEAS, la Guía Compras Verdes y Socialmente Responsables de ISTAS/ECOEMBES, y la Guía Práctica – Contratación Pública Responsable de FORÉTICA.

A estos recursos nacionales se suman manuales desarrollados por instituciones autonómicas y locales, incluyendo trabajos de IHOBE, la Junta de Andalucía, el Cabildo de Tenerife, la Diputació de Barcelona con su Manual Procura+, el Gobierno de Navarra y organizaciones como Setem.

Los ejemplos de buenas prácticas demuestran la viabilidad y efectividad de la CPS en diferentes contextos. El Ayuntamiento de Avilés ha desarrollado una Instrucción para la incorporación de cláusulas sociales que sirve de referencia para otros municipios.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha incorporado criterios ambientales en la adquisición de autobuses, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire urbano. El Gobierno Vasco impulsa activamente la CPV a través de la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad (Udalsarea21), creando una red de colaboración entre administraciones.

El Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y iniciativas como la Carta de Zaragoza evidencian el compromiso institucional con la sostenibilidad en la contratación pública.

Organizaciones especializadas como IDEAS, ISTAS, FORÉTICA, NEXOS y la Xarxa Catalana promueven activamente la CPS, proporcionando formación, asesoramiento y espacios de intercambio de experiencias entre profesionales del sector público.

La CPS como Motor del Desarrollo Sostenible

La Compra Pública Sostenible en España se consolida como una herramienta estratégica fundamental para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y construir un modelo económico más resiliente y equitativo.

Su capacidad para integrar dimensiones sociales, ambientales y éticas en los procesos de contratación pública la convierte en un instrumento privilegiado para transformar el mercado desde la demanda pública.

El marco normativo existente, respaldado por la LCSP y alineado con la normativa europea, proporciona la base legal necesaria para una implementación efectiva. Los recursos disponibles y las experiencias de buenas prácticas demuestran que la CPS no solo es viable, sino que genera beneficios tangibles para las administraciones, las empresas y la sociedad en su conjunto.

La visión estratégica de la CPS como inversión en sostenibilidad, más que como gasto administrativo, permite aprovechar el considerable poder de compra del sector público para catalizar la transición hacia un desarrollo verdaderamente sostenible.

En este contexto, la CPS emerge no solo como una práctica administrativa innovadora, sino como un compromiso ético con las generaciones futuras y una contribución concreta a la Agenda 2030.

El éxito de la CPS en España dependerá de la continuidad en el fortalecimiento de capacidades técnicas, el desarrollo de herramientas especializadas y el mantenimiento del diálogo constructivo entre administraciones, empresas y sociedad civil. Solo así podrá cumplir su potencial transformador y contribuir efectivamente a un futuro más sostenible y justo para todos.

Preguntas Frecuentes

Encuentra respuestas a las dudas más comunes sobre la implementación, beneficios y desafíos de la Compra Pública Verde (CPV) y la Contratación Pública Socialmente Responsable (CPSR).

  • ¿Qué es la Compra Pública Verde (CPV) y la Contratación Pública Socialmente Responsable (CPSR)?

    La Compra Pública Verde (CPV) es un proceso mediante el cual las autoridades y entidades públicas adquieren productos, servicios, obras y contratos que tienen un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, en comparación con otras opciones con la misma utilidad básica. Esto implica tener en cuenta criterios ambientales en todas las fases de la contratación. La Contratación Pública Socialmente Responsable (CPSR) amplía este concepto para incluir también consideraciones sociales y éticas en el proceso de adquisición, como la promoción de la igualdad de género, la integración de personas desfavorecidas, y el fomento del comercio justo, además de los aspectos ambientales.

  • ¿Por qué las Administraciones Públicas tienen un papel estratégico en la promoción de la sostenibilidad?

    Las Administraciones Públicas son actores clave debido a la magnitud de su gasto público. Anualmente, invierten miles de millones de euros en obras, bienes y servicios. Al incorporar criterios ambientales, sociales y éticos en sus procesos de licitación y contratación, las Administraciones Públicas pueden influir significativamente en el mercado, fomentando un consumo más responsable y sirviendo como ejemplo para los ciudadanos y otras empresas. Su poder de compra puede impulsar la innovación en el sector privado hacia soluciones más sostenibles.

  • ¿Qué aspectos ambientales pueden incluirse en los criterios de contratación pública?

    Los criterios ambientales pueden abarcar diversas fases del ciclo de vida de un producto o servicio, desde la extracción de materias primas, transformación, envasado y entrega, hasta la fase de utilización y eliminación. Ejemplos de aspectos ambientales a considerar incluyen el ahorro de agua, materiales y energía, la reducción de residuos, el uso de materiales reciclados o reciclables, la eficiencia energética, la sustitución de sustancias peligrosas por alternativas más seguras, y la durabilidad y reutilización de los productos. También se puede hacer referencia a la huella de agua y la huella de carbono.

  • ¿Qué aspectos sociales y éticos pueden incorporarse en la contratación pública?

    La contratación pública puede incluir criterios sociales y éticos para satisfacer exigencias sociales y promover la cohesión social. Estos criterios pueden estar relacionados con las necesidades de categorías de población especialmente desfavorecidas, el cumplimiento de leyes sociales y laborales (incluyendo la salud laboral), el fomento del comercio justo con países en desarrollo, la promoción de la igualdad de género, la integración de inmigrantes, la obligación de contratar a personas con discapacidad, y la organización de actividades de formación para jóvenes y desempleados.

  • ¿Cómo se pueden incorporar estos criterios en los procesos de contratación?

    Los criterios de sostenibilidad (ambientales, sociales y éticos) pueden incorporarse en diferentes etapas del proceso de contratación pública. Pueden ser establecidos como condiciones de solvencia técnica o profesional, exigiendo a las empresas acreditar experiencia, conocimientos y medios técnicos en materias sociales o ambientales. También pueden configurarse como criterios de adjudicación o valoración de las ofertas, donde se puntúan positivamente aquellas propuestas que demuestran un mejor desempeño en estos aspectos. Además, pueden incluirse como condiciones especiales de ejecución del contrato, que deben cumplirse obligatoriamente durante la prestación del servicio o la entrega del bien.

  • ¿Qué papel juegan las normas, etiquetas y certificaciones en la Compra Pública Verde y Socialmente Responsable?

    Las normas técnicas, etiquetas y certificaciones son herramientas importantes para identificar productos y servicios que cumplen con determinados criterios ambientales y sociales. Tanto a nivel europeo como nacional, existen sellos y certificaciones que proporcionan información sobre el comportamiento ambiental de los productos, como la Etiqueta Ecológica Europea. La consulta de estas etiquetas y la exigencia de su cumplimiento en los pliegos de contratación facilita a las Administraciones Públicas la selección de opciones más sostenibles y a los licitadores la demostración de su compromiso ambiental.

  • ¿Existen ejemplos exitosos de implementación de Compra Pública Verde y Socialmente Responsable?

    Sí, los textos mencionan varios ejemplos exitosos en España y Europa. En el País Vasco, el Gobierno Vasco, a través de IHOBE, ha impulsado la compra pública verde desde 2008, desarrollando pliegos técnicos con criterios ambientales e informando periódicamente sobre su evolución. La Udalsarea21 (Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad) también promueve estas prácticas. En Madrid, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha incorporado criterios ambientales en la adquisición de autobuses, priorizando tecnologías limpias y eficientes. A nivel internacional, Japón aprobó una Ley de Contratación Verde en el año 2000, y el Ayuntamiento de Kolding en Dinamarca es pionero en Europa.

  • ¿Qué desafíos y oportunidades existen para la implementación de la Compra Pública Verde y Socialmente Responsable?

    Aunque la normativa europea y nacional facilita la inclusión de criterios de sostenibilidad, la implementación práctica puede enfrentar desafíos como la necesidad de conocimientos técnicos especializados en materia ambiental y social por parte de los órganos de contratación, y la adaptación de los procesos de licitación para valorar estos aspectos. Sin embargo, existen herramientas como manuales y guías que buscan facilitar esta tarea. Las oportunidades incluyen el impulso a la innovación en el sector privado, el ahorro por la reducción del consumo de recursos, la mejora de la imagen pública de las Administraciones, y el cumplimiento de objetivos de interés general como la protección ambiental, la lucha contra el cambio climático, y la cohesión social. La división de contratos grandes en lotes más pequeños también puede promover la participación de PYMEs locales, contribuyendo a la sostenibilidad social y económica.

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